El consenso científico internacional se encuentra generalizado alrededor de las estimaciones del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, Naciones Unidas), las cuales establecen un máximo de 2°C de aumento de temperatura promedio mundial por sobre los niveles de 1861–80, recomendando preferentemente limitarlo a 1.5°C, con el fin de evitar una situación ambiental global de graves consecuencias para la humanidad. Para esto el IPCC calcula una acumulación de emisiones humanas máximas de dióxido de carbono (CO2) de entre 2900 y 3300 giga-toneladas en el corto y mediano plazo. Lo anterior implica una cuota restante de no menos de 770GtCO2 y no más de 1170 GtCO2. Al ritmo actual de emisión de gases de efecto invernadero (GEI, principalmente dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, responsables del efecto invernadero que originan el calentamiento global y su consecuente cambio climático) a nivel global, la cuota de 770Gt de CO2 sería consumida en 2 décadas (recientemente un nuevo estudio calcula que podemos contar con algo más de tiempo). El IPCC recomienda una reducción de entre un 40% y 70% de las emisiones para el 2050 respecto del 2010 con el fin de cumplir con los objetivos planteados.
La República Argentina ha demostrado un fuerte compromiso con las políticas ambientales locales (Ley General de Ambiente N° 25.675 y Ley de Glaciares N° 26.639 en paralelo a otras 7 leyes nacionales en materia ambiental) e internacionales (Ley 24.295, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y Ley 25.438, Protocolo de Kyoto, junto a otras 9 leyes que ratifican acuerdos mundiales), especialmente aquellas relacionadas a la problemática del calentamiento global y el consecuente cambio climático antropogénico producto de las emisiones humanas de gases de efecto invernadero (dentro de las cuales el CO2 resalta como el principal de estos, componiendo el 65% de los gases emitidos por actividades humanas). En particular, el nuevo gobierno asumido en 2015 ha iniciado una serie de importantes políticas desde los ministerios de Energía y Minería, Transporte y Ambiente y Desarrollo Sustentable, todas en consonancia con la ratificación del Acuerdo de París en 2017 por parte de la Argentina. La mayor parte de los fondos e iniciativas estatales se centran en la problemática energética, con más de 71 proyectos de centrales de energía renovable en ejecución que proveerán unos 3.023Mw y una inversión estimada para el 2025 de 12.000 millones de dólares para sumar unos 20.000Mw al sistema. Según el ministro de energía Aranguren, en 2016 las inversiones concretadas en energías renovables superaron los 6.500 millones de dólares y en 2017 ya se firmaron otros 12 contratos por 1.200 millones de dólares, todo esto encaminado a lograr que las renovables pasen de proveer el actual 2% a un 8% del total de la energía en 2018. A estos esfuerzos debemos sumar la catarata de proyectos de transporte urbano colectivo, carriles exclusivos, exigencias constructivas, limitaciones al automóvil particular, ciclovías, regulaciones de emisiones y otras políticas llevadas adelante por los gobiernos provinciales y municipales.
El accionar anterior contrasta fuertemente con la implementación de políticas en al área rural. Argentina ha invertido unos magros 10 millones de dólares por medio del fondo de adaptación al cambio climático de la Unidad para el Cambio Rural del Ministerio de Agroindustria. Paradójicamente, es esta el área en la que menos se ha invertido y que, al mismo tiempo, es una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero. El propio gobierno nacional en su inventario de gases de efecto invernadero admite que la ganadería es la responsable directa del 20.7% de las emisiones de GEI totales, convirtiéndose en la principal fuente, siendo seguida mucho más atrás por el transporte, responsable de un 15.5% del total. La pregunta central consiste en ¿por qué, mientras destinamos miles de millones de dólares del estado a la producción de energía renovable (en un cuarto lugar con un 11.65% del total de las emisiones) y generamos otros miles de millones en inversión indirecta privada y pública por proyectos de transporte y regulaciones constructivas, olvidamos casi por completo a la principal fuente de emisiones que, incluso, intentamos expandir? Quizás en parte se deba a la presión pública por abordar la temática, que fácilmente puede identificar a las fuentes contaminantes urbanas creadas por el hombre pero que difícilmente logre visualizar aquellos orígenes rurales alejados, dispersos y con forma animal. De hecho, solo a partir del año 2011 la agricultura, ganadería y cambio de suelo quedaron por primera vez en segundo lugar luego de la energía como sector productor de GEI de la Argentina, principalmente debido a la reducción de la actividad ganadera y la consecuente contracción del stock de cabezas de ganado (entre 2007 y 2011 el stock bovino se redujo en un 20% aproximadamente pasando de un pico de 59 millones de cabezas de ganado a 48 millones, para luego recuperarse a 53 millones en 2016 y ocupando alrededor de unas 9 millones de hectáreas, el 37% de la superficie agropecuaria).
A nivel global las emisiones de GEI producto de la ganadería oscilan alrededor del 18%, pudiendo ser aún más altas. La principal razón de esto se debe a la fermentación entérica (15% en Argentina), o en otras palabras eructos, exhalaciones y flatulencias de los rumiantes. Estas se encuentran compuestas de metano (CH4), un gas de efecto invernadero 21 veces más potente que el CO2 en lo que al calentamiento global respecta. El resto de las emisiones (5.7% del caso argentino) se deben al estiércol y su re-manejo, donde se adiciona la emisión de óxido nitroso (N2O), un gas 310 veces más potente que el dióxido de carbono.
Se estima que entre 2015 y 2030 se requerirán a nivel global unos 16.5 billones de dólares (millones de millones) para lograr los objetivos de 2°C estimados por el IPCC, algo así como el 21.5% del PBI mundial de 2016. Esto no incluye otros gastos asociados, así como el costo de mantener posteriormente los niveles de emisiones. En las metas actualizadas de la Argentina para combatir el cambio climático presentadas para el Acuerdo de París se presentó la voluntad de reducir las emisiones de GEI en un 15% para el 2030 usando fondos propios y llegando a un 30% con la ayuda de financiamiento internacional. Actualmente la actividad agropecuaria implica alrededor del 3.7% del PBI mundial, por lo que la ganadería representa menos del 1% del total. Tan solo eliminando esta área se podría reducir en menos de un año un 20% del total de las emisiones totales a un costo inferior al 1% del PBI mundial, pudiendo redireccionar a los productores a otras actividades agropecuarias. En el caso argentino los números son similares, la actividad ganadera representa alrededor del 1% del PBI nacional (y menos del 1% de la recaudación del estado, alrededor de 1.000 millones de dólares, así como un porcentaje similar en materia de empleo generado) y un 20% de las emisiones (la totalidad de la actividad agropecuaria implica el 5.7% del PBI y el 41.7% de emisiones de GEI). Solo a modo de referencia, el PBI argentino de 2016 sumó unos 550.000 millones de dólares, por lo que el 1% representa unos 5.500 millones, menos que la inversión en energías renovables del mismo año y que eventualmente lograrán mejoras de escasos puntos porcentuales de emisiones de GEI. Por supuesto no todos los productores pueden fácilmente realizar el viraje, así como este proceso implica un gasto privado y no estatal que posiblemente debería verse acompañado por reducciones impositivas que faciliten el proceso y distribuyan los costos impuestos. En líneas generales, el aspecto positivo es que la medida resulta simple ya que afecta solo a una actividad muy particular, puede ser relativamente de fácil remplazo e implica solo el esfuerzo de eliminar el consumo de carne en comparación al recambio y transformación total del resto de las actividades energéticas, de transporte y urbanización (la mayor parte de las emisiones de ganadería corresponden a bovinos y su estiércol, de los cuales el 96% de los animales se destina a la producción de carne, siendo responsables del 89% de las emisiones de GEI).
En el caso argentino, si al 20% aportado por la ganadería, que ya de por sí supera la meta planteada por el gobierno en un 15%, le adicionamos un 13% que podría ahorrarse debido al freno de cambio de suelos y actividades forestales y un 10% de ahorro producto de mejoras en los combustibles y fuentes de energía, fácilmente nos aproximamos al 40% mínimo necesario de ahorro recomendado por el IPCC, que posiblemente se encuentre en torno al número real considerando algunas sobreestimaciones de este organismo. Incluso, si en lugar de considerar las emisiones por origen tomamos en cuenta la distribución por uso final, la ganadería acumula el 28.6% del total de emisiones de GEI debido a agregados como el cambio de uso de suelo. Esto resultaría mucho más simple que la batería de medidas y cambios focalizados en reestructurar las urbes y estilos de vida que actualmente se intentan llevar adelante. En resumen, eliminando el consumo de carne y frenando el cambio de suelo y deforestación ya habríamos cumplido con casi la totalidad del ahorro de emisiones necesario, sin modificar casi ningún otro aspecto, y todo esto a una relación costo/resultado bastante buena. Otras estrategias menos drásticas orientadas a reducir las emisiones ganaderas consisten en el manejo de la dieta de rumiantes, selección de ejemplares y razas más productivas, mejoras en la salud animal y coordinación del pool genético con el ambiente. Así mismo pueden mejorarse la eficiencia del sistema por manejo de pasturas y el uso de tecnologías de optimización del uso de nitrógeno. En última instancia, también se podría recurrir al mejoramiento de las dietas y nutrientes para reducir la emisión de metano por medio de suplementos alimenticios y el cambio en las prácticas de gestión de estiércol, especialmente en el almacenamiento y posterior aplicación en el suelo. A largo plazo incluso puede concebirse el diseño genético de especies o la producción de carne in vitro por medio del cultivo de células musculares, algo viable para Argentina con su larga experiencia y organismos como el INTA y el CONICET.
En última instancia convendría resaltar un aspecto importante en relación a la relevancia del país en el escenario mundial y la problemática del costo y la practicidad del proceso. Actualmente Argentina cuenta con un PBI per cápita de 12.450us$, levemente por encima del promedio mundial de 10.150us$ pero muy por debajo de países como Alemania (41.936us$), EEUU (57.467us$) o regiones como Europa (32.059us$) que se encuentran en mucho mejores condiciones como para afrontar los gastos relativos al financiamiento de políticas ambientales orientadas a la mitigación del cambio climático. Al mismo tiempo, Argentina representa una porción ínfima de la contribución de emisiones de GEI, sumando en 2016 el 0.89% de las emisiones totales globales de GEI (puesto 24, ó 0.53% de CO2 en puesto 29), muy lejos del 25.93% (29.51% de CO2) del cual es responsable China, el 13.87% (14.34% de CO2) de EEUU o el 9.33% (9.62% de CO2) de la Unión Europea. Sin embargo, en términos relativos la Argentina resulta a su vez beneficiada, ocupando el puesto 57 con unos 7.86 metros cúbicos per cápita anuales de CO2 equivalente, un valor sustancialmente inferior a los 19.9 de EEUU y no demasiado alejado del promedio mundial de 6.27. Así, convendría preguntarse si es tarea de un país como la Argentina, de bajos ingresos y con fuertes desafíos económicos, asumir un costoso proceso en el cual parece no tener un impacto o responsabilidad relevante. Solo a modo de referencia, mientras que 15 países (EEUU, China, la Unión Europea, India, Rusia, Japón, Brasil, Indonesia, Canadá, México, Irán, Corea del Sur, Australia, Arabia Saudita y Sudáfrica) significan el 79.94% del total de las emisiones de GEI, unos 169 países suman solo el 20.06% (todas naciones que representan menos del 1% del total y dentro de los cuales se encuentra la Argentina).
