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Por Federico N. Fernández
Fundación Bases

La disputa abierta entre campo y gobierno por el tema de las retenciones lleva más de un año. Dicho enfrentamiento se ha desarrollado, mayormente, en el fangoso terreno de la chicana y la demostración de fuerzas. Ante semejante panorama, resulta arduo hallar argumentos y debates genuinos. Sin embargo, bajo sus constantes “escaramuzas”, los antagonistas -aunque parezca difícil de creer- coinciden en tres aspectos fundamentales que conciernen al célebre derecho de exportación. Ambos bandos, al menos hasta cierto punto, comparten las siguientes tres ideas: 1) las retenciones, en cuanto tales, son legítimas; b) la discusión estriba en cómo ha de repartirse lo recaudado y; c) el Congreso es el ámbito legítimo de tratamiento del problema.

Veamos con más detalle.

a) Las retenciones son legítimas: llamativamente, hasta algunos miembros de la Mesa de Enlace favorecen su existencia. En un país tan poco afecto a las normas como el nuestro, parecería que el único mandamiento que se respeta a rajatabla es el undécimo: “el agro argentino pagará retenciones”. Nadie en su sano juicio se aventuraría a discutir si es propio que las mismas existan, lo único debatible se relaciona con la “modalidad” y el “grado” con que se apliquen. Hoy día 35% es “asfixiante”, pero un 20% sería rápidamente reconocido como “justificado” –cuando no “saludable”. Las groseras e inequitativas fallas de una normativa como las retenciones son pasadas por alto por el campo (y también por sus principales voceros) como si fueran anecdóticas. Casi nadie repara en que penalizan al sector más competitivo de la economía o en que lesionan gravemente la igualdad ante la ley que nuestra Constitución consagra. Tal como me decía un amigo hace pocos días: “¿qué derecho tiene el estado de castigar impositivamente a un sólo sector? ¿Por qué hay exportadores de primera y exportadores de segunda? Además: ¿acaso no existe ya el impuesto a las ganancias?”.

b) La discusión estriba en cómo ha de repartirse lo recaudado: en tanto ambas partes consideran legítimas a las retenciones, es lógico que lo único que reste discutir es el cómo se reparte el botín. Es por este motivo que buena parte de las “críticas” al gobierno iban apuntadas a la centralización discrecional de los fondos. Pero ahora que las mismas finalmente se “coparticipan”, el agro y sus voceros han quedado entrampados en su propio razonamiento falaz. El empantanamiento frente a la nueva dádiva es aún mayor cuando, desde hace un tiempo, se tiene por costumbre la de enunciar cuánto “aporta” tal o cual provincia en carácter de retenciones y cuánto “recibe” efectivamente del gobierno nacional. Según este peligroso enfoque, los agricultores particulares, sobre quienes pesan efectivamente las brutales exacciones, son meros engranajes de una maquinaria que los trasciende. A través de un singular uso de la partida doble, se transforma a cada gobernador provincial en un señor feudal que pugna por los recursos que le “birla” el rey (o la reina). Puede ahora percibirse con toda nitidez cómo el equivocado énfasis en el reparto (o redistribución) de lo mal habido conduce a consecuencias atroces. Pues como decíamos, esta línea argumental nos fuerza a considerar a cada gobernador como un gran terrateniente y a los agricultores como sus peones explotados, cuyos “derechos” se reducen a los de obedecer y pagar.

c) El Congreso es el ámbito legítimo de tratamiento del problema: cuando, casi como una concesión graciosa, la presidente envió al Parlamento el proyecto de retenciones móviles el pensamiento político vernáculo expuso toda su precariedad. Análisis de renombrados “intelectuales”, columnas de opinión de prestigiosos diarios y el arco político en su conjunto celebraron lo que parecía ser la restauración del orden republicano en la Argentina. El Congreso, como ámbito de discusión democrático, debatiría y daría su veredicto infalible respecto de la cuestión. Salvo algunas honrosas (y marginales) excepciones, nadie reparó en el hecho de que no es potestad del Parlamento el legislar sobre cualquier cosa. De la misma manera que el supuesto “derecho divino” de los reyes no era más que una superchería cuyo único fin era la de mantener el poder real, también lo es el tácito “derecho divino” que nuestro pseudo republicanismo ha otorgado a las Cámaras legislativas. Al contrario, en ningún caso parece posible que del hecho de que el Congreso sea un cuerpo colectivo y electo se desprenda que pueda aprobar el robo y las exacciones inconstitucionales.

Este escenario, creemos, aporta algunos indicios de porqué el conflicto parece interminable. La triple coincidencia en groseras equivocaciones que liga a las partes antagonistas hace que, por un lado, el gobierno pueda sostener la pelea pese a que lo animan apetencias por demás bajas: la lujuria por la “caja” y el revanchismo. Y por el otro, en tanto que el campo comparte los fundamentos erróneos del gobierno, le es imposible estructurar un mensaje superador de la prédica populista hegemónica. Atenazado por su incapacidad para denunciar el carácter ilegítimo de las retenciones y por su postura favorable a la redistribución “justa” de las mismas, el campo no hace más que hablar en la jerga de sus enemigos. Semejante falta de lucidez deja pocas chances de que una hipotética victoria del agro sea más que pírrica.

 
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